SIN JUSTICIA NO PUEDE HABER PAZ

 En este país los magistrados y los jueces no se eligen porque tengan capacidades para administrar justicia sino por conveniencias políticas para que, con impunidad, congresistas y altos funcionarios públicos puedan robar y cometer toda clase de delitos.

El gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está a punto de firmar un acuerdo de paz con los jefes de las FARC, el movimiento subversivo y terrorista que se convirtió en el mayor cartel de narcotraficantes de Colombia y quizá del mundo entero. Y la inmensa mayoría de los colombianos anhelamos que termine este conflicto que por más de medio siglo ha enlutado a gran parte de las familias de este país y que, con sus acciones, ha impedido el desarrollo nacional.

Pero es poco probable que con la firma de ese supuesto acuerdo de paz se acabe el conflicto colombiano, ya que no se han solucionado los problemas que generan la violencia en este país y es bastante notable que a Santos lo que le interesa es que le den el Premio Nobel de la Paz, y a los jefes narcoterroristas disfrutar de sus enormes riquezas sin tener que pagar cárcel o morir en combate por sus actos criminales, mientras la opinión pública ve que a ninguna de las dos partes les interesa convenir una solución real de los problemas generadores de violencia.

¿Y cuáles son esos problemas?, se preguntará la gente que no ha vivido en esta nación o que desconoce las injusticias sociales crónicas de este país, habiendo que reconocer que, aunque las injusticias humanas o sociales son numerosas, el conflicto colombiano es generado por unos cuantos problemas, entre los que se destacan la eterna corrupción política, la casi inexistencia de justicia y el narcotráfico, siendo este último un problema que va más allá de nuestras fronteras y cuya única solución efectiva es legalizarlo, tal como se hizo con el tabaco y los licores.

Legalizar la venta de narcóticos es, sin lugar a dudas, acabar con los carteles mafiosos del mundo y con ello solucionar el flagelo de lavado de dinero, que es lo que más causa desempleo porque perjudica a la industria y al comercio honestos, pero es muy difícil de que eso ocurra porque, no nos digamos mentiras, esa es la fuente que enriquece a las multinacionales mafiosas, a entidades religiosas, casas bancarias y, además de toda clase de criminales, a muchos líderes políticos y bandidos de cuello banco en casi todos los países del mundo.

Y, retomando el tema de las causas del conflicto colombiano, vale señalar que el presidente Santos, para que la Corte Constitucional le aprobara sus propuestas, con diversa patrañas hizo elegir y posesionó en esa corte a varios togados bandidos, inclusive, se dice que el magistrado Pretelt está siendo víctima de persecución gubernamental por no estar de acuerdo con el convenio de impunidad del gobierno con los líderes de las FARC, cosa que es notable si se compara el caso por el que está en líos este magistrado con el que no le ha causado ningún problema al magistrado Alberto Rojas Ríos que en dicha corte es uno de los pupilos bandidos del presidente.     

A quienes leen este blog en el exterior, que son la inmensa mayoría, les cuento que una parte de la historia negra que se conoce del magistrado Rojas empezó con la muerte de un señor de apellido Rodríguez, cuya viuda, de nombre Isabel Cristina Marín, le dio poder al entonces abogado litigante Alberto Rojas Ríos, para que demandara al Estado colombiano por la muerte de su esposo, ya que el causante del accidente que produjo la muerte del señor Rodríguez era un empleado oficial.

El abogado instauró la demanda, y el 2 de julio del año 1.996 recibió un cheque por más de 117 millones de pesos como pago de la indemnización a la viuda de Rodríguez, pero dicho leguleyo no le informó de ese asunto a su poderdante sino que se quedó con el dinero de la viuda y poco después, con la ayuda del entonces Procurador Edgardo Maya, fue nombrado procurador delegado y más tarde ascendido a viceprocurador, por lo que Rojas no volvió a su oficina y a la viuda, luego de enterarse en el juzgado que su abogado había recibido el dinero, le fue imposible hablar con él, ya que siempre que llamaba a la procuraduría, su secretaria le decía que el doctor estaba ocupado, y cuando iba a su despacho le decían que el doctor estaba en una reunión y que quizá ese día no venía a su oficina.

Luego de muchas diligencias fallidas para hablar con dicho abogado, la viuda le instauró a su representante y entonces procurador delegado, Alberto Rojas Ríos, una demanda por estafa a la que luego le añadió el delito de falsedad, ya que, en su defensa, el leguleyo aseguró que ella le había vendido los derechos de indemnización a un tal Héctor Hernando Betancourt, un señor que resultó ser paisano y amigo del luego magistrado Rojas, y quien públicamente nunca se ha pronunciado acerca de ese asunto.

El abogado defensor de Rojas entregó en el despacho del juez que llevaba el caso, una constancia supuestamente autenticada en una notaría que certificaba que la viuda le había vendido los derechos de indemnización al tipo ya mencionado y, por el agregado de demanda por falsedad, el proceso tomó un nuevo rumbo, ya que hubo que verificar las firmas, tanto de la viuda como del notario y luego de tomarse varios años el trámite de ese asunto, ambas firmas resultaron ser falsas, inclusive, con el agravante de que en la fecha que aparecía en la constancia, estaba laborando el notario titular y no el encargado que supuestamente la había firmado, quien ya ni siquiera trabajaba en dicha notaría, y, como si eso fuera poco, en una audiencia de verificación, el supuesto comprador de los derechos, aunque en el despacho judicial declaró haberse reunido cuatro veces con la viuda para cerrar el negocio, no pudo distinguir a la señora Isabel Cristina entre varias mujeres y señaló como la vendedora de dichos derechos a otra mujer que no estaba involucrada en el pleito.

Como suele suceder en Colombia con las demandas de personas humildes o indefensos en contra de poderosos corruptos, el proceso de la viuda pasó de un juzgado a otro, sin lugar a dudas quemando tiempo para que caducaran los delitos de la demanda y con ello favorecer al poderoso bandido demandado. Y mientras la viuda y sus hijos afrontaban toda clase de dificultades por la muerte del señor Rodríguez, el ya encumbrado abogado Rojas con la ayuda del procurador Maya ascendió al cargo de Procurador Encargado, acción que para la viuda hizo más difícil la recuperación de su dinero. Su situación económica cada día era más fuerte y con la esperanza de obtener ayuda de la Procuraduría, la viuda le escribió una carta al Procurador Maya contándole sobre el litigio que tenía con su amigo y subalterno y las necesidades económicas que estaba afrontando. El Procurador le respondió: “Por tratarse de un asunto estrictamente personal, con afirmaciones no probadas, y además ajenas al desempeño de funciones públicas actuales o pasadas, le informo que he remitido su comunicación al doctor Alberto Rojas Ríos, Procurador Delegado para Asuntos Civiles de este Organismo, para que le responda.” Sobra decir que el abogado estafador nunca respondió la ‘comunicación’ de la viuda.

Luego de pasar el caso por varios juzgados, el fallo en primera instancia lo dio el Juzgado 21 Penal del Circuito, cuyo juez, en su sabiduría, sobre el delito de estafa declaró atipicidad y dijo que lo cometido se podría adecuar más bien a otro delito: abuso de confianza. Sin embargo, como había pasado tanto tiempo, el abuso de confianza ya había prescrito. Y dicho togado también sentenció como prescrita la demanda por falsedad material, quedándole a la viuda el derecho de apelación, pero, por temor a represalias judiciales, ningún abogado aceptó representarla y le tocó darle el poder a un leguleyo facilitado por la Defensoría del Pueblo quien, sin hacerle reparos al fallo ni agregar argumento a dicho documento, presentó la apelación.

La viuda con frecuencia iba al despacho del magistrado que estaba a cargo de la apelación de su demanda y en la Secretaría siempre le mostraban el expediente y le decían que estaba en cola, y que el magistrado tenía pendientes muchos procesos anteriores al suyo. Estando en esas vueltas se dio cuenta que el magistrado había fallado un pleito que había llegado mucho después del suyo, y en voz alta denunció esa anomalía. Al oír sus palabras, la secretaria del magistrado le dijo que si tenía algún reclamo que lo hiciera por escrito, y a los tres días la viuda entregó un derecho de petición solicitando agilizar su proceso y explicaciones acerca de porqué ya había fallado un proceso que había llegado al despacho mucho después que el suyo. Y pasó más de un año y el proceso continuó quieto y el magistrado no respondió el derecho de petición, o sea que en el despacho del administrador de justicia, ni verbal ni por escrito le pararon bolas a las peticiones de la viuda.

De manera inusitada, un día surgió un hecho que la viuda quiso aprovechar para recuperar su dinero.   Dicho evento surgió porque el corrupto abogado Alberto Rojas Ríos hizo parte de la terna enviada al congreso para elegir a un magistrado de la Corte Constitucional, y aunque los opositores a su elección lo señalaron de tener varios líos judiciales, entre los que figuraba la evasión de impuestos al no haber declarado 500 millones de pesos que estaba comprobado que se había ganado, al fin de cuentas el tipo resultó elegido. Y cuando la viuda supo de dicha elección, con la esperanza de que el presidente Santos no posesionara al magistrado elegido hasta cuando éste le devolviera el dinero que le había robado, le dio la información de su problema con dicho personaje a un noticiero de televisión que no demoró en hacer un escándalo público con ese asunto.

En dicho noticiero explicaron las mañas que había usado el ahora elegido a magistrado de la Corte Constitucional para que se vencieran sus delitos y mostraron documentos y detalles con los que no dejaban duda de que el tipo le había robado a la viuda el dinero que el Estado había pagado de indemnización por la muerte de su esposo y, por el efecto de ese lío, varios medios de comunicación se añadieron en esa noticia. La posesión de dicho ladrón debía realizarla el presidente Santos y fue programada para el 2 de mayo de 2.013, pero la opinión pública daba por seguro que el Jefe de Estado no posesionaría al abogado Rojas hasta que quedara claro el lío con la viuda, inclusive, se decía que el presidente, para curarse en salud, anularía esa elección, pero por si acaso, ese día un gran número de periodistas desde temprano se ubicó en la puerta del Palacio de Nariño, en espera de la llegada del abogado Rojas.

La noticia de que el tipo se había posesionado se supo casi a las once de la noche, y el dato frustrante era que mientras los periodistas hacían guardia en la entrada oficial del Palacio de Nariño, el abogado Rojas Ríos había entrado al Salón Amarillo presidencial por la entrada de las ratas de cuatro patas, es decir, por una entrada oscura y secreta que más que todo es el coladero por donde entran los ratones al palacio presidencial y que también a veces es usada por el personal de mantenimiento. Se supo que el tipo entró como a las nueve de la noche y que en menos de diez minutos salió por donde había entrado. Y por el afán del presidente Santos de ganarse el Nobel de la Paz, esa noche la rata de dos patas llamada Alberto Rojas Ríos salió de la oficina presidencial siendo un Honorable magistrado de la Corte Constitucional, y la viuda Isabel Cristina quedó siendo pato muerto de la justicia colombiana.

El gobierno de Santos no censura a la prensa colombiana, pero los amarra con las pautas oficiales ya que no les da publicidad a los medios informativos que no estén de su lado. La viuda siguió pidiéndole ayuda a la prensa para recuperar su dinero, pero el presidente Santos, para acallar ese escándalo les hizo saber a los dueños y directores de noticieros que él era quien manejaba la billetera para la publicidad del gobierno y que los medios informativos que quisieran seguir beneficiándose con esa ‘mermelada’ (así llama él el tesoro público) tenían que abstenerse de publicar noticias escandalosas que pudieran dañar la buena imagen gubernamental, y, por ese chantaje presidencial, el tema de Isabel Cristina se convirtió en pato muerto para los periodistas.

En cuanto al magistrado Pretelt, este togado está siendo investigado, entre otros asuntos, supuestamente por haber exigido una fuerte suma de dinero como soborno para fallar a favor una tutela, y lo más seguro es que eso fue cierto ya que las altas cortes y los despachos judiciales de esta nación están llenos de leguleyos bandidos, debido a que en este país los magistrados y los jueces no se eligen porque tengan capacidades para administrar justicia sino por conveniencias políticas para que, con impunidad, congresistas y altos funcionarios públicos puedan robar y cometer toda clase de delitos.

Pero es de señalar que mientras el gobierno ha hecho y está haciendo todo lo posible para destituir al magistrado Pretelt, que como ya se dijo está en contra de la impunidad que les va a dar Santos a los líderes de las FARC, el magistrado Rojas Ríos ha contado con total protección del gobierno y ni siquiera se ha vuelto a mencionar el tema del dinero que le robó a la viuda. Y lo antes contado puede servir de base para tomar una idea de la ética del presidente Santos y del modo de funcionamiento de la justicia colombiana, que, como expliqué, es uno de los factores que nos impiden vivir en paz.